El contrabando y el comercio ilegal han alcanzado niveles alarmantes en Argentina, representando el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y generando una pérdida fiscal anual estimada en USD 2.300 millones. Así lo revelan informes de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) y la consultora MAP, presentados durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, realizado en Buenos Aires.

Los sectores más afectados por el comercio ilícito son los teléfonos celulares, con un 31% del mercado dominado por productos ilegales, seguidos por los cigarrillos (17%), textiles (16%) y cerveza (12%). María Eugenia Mayans, gerente de Lenovo, advirtió que uno de cada tres celulares que se conectan en el país proviene del contrabando, lo que equivale a unos tres millones de unidades anuales. En el caso de los cigarrillos, el gerente de Philip Morris, Juan José Benítez, señaló que el 11-17% del consumo local es ilegal, cifra que en otros países de la región puede llegar al 60%.

El avance del comercio ilegal se atribuye a la combinación de fronteras vulnerables, la expansión del comercio electrónico y la creciente sofisticación de las redes criminales, que utilizan plataformas digitales, redes sociales y criptomonedas para operar con mayor anonimato y escala. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor, reconoció que el Estado no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía, lo que dificulta la fiscalización.

La brecha de precios entre productos legales e ilegales, impulsada por la alta carga impositiva, es otro factor que favorece el contrabando. Sindicatos del sector tabacalero alertan sobre el impacto en el empleo y la salud de los consumidores, debido a la falta de controles sobre los productos ilegales.

Ante este panorama, autoridades y empresarios coinciden en la necesidad de fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de los productos, reducir la carga impositiva y promover campañas educativas para desalentar la compra de mercadería ilegal. También se destaca la importancia de acuerdos con plataformas digitales y la cooperación regional para enfrentar un fenómeno que afecta a toda América Latina. El compromiso de avanzar en políticas públicas integradas y la articulación entre el sector público y privado se presenta como clave para combatir el comercio ilícito y proteger la economía formal.