La Justicia federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la aplicación de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, desestimó el pedido de la central obrera para suspender el traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la nueva ley sancionada en febrero.

El juez Enrique Lavié Pico argumentó en su resolución que no se advierte "peligro en la demora" que justifique la suspensión inmediata de los artículos 90 y 91 de la ley, que habilitan el traspaso judicial. De este modo, el traspaso seguirá vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión en la Justicia.

La CGT había presentado el recurso de amparo y la medida cautelar tras una movilización al Palacio de Tribunales, argumentando que la reforma vulnera principios constitucionales como la progresividad y el principio protectorio del derecho laboral. Los gremios sostienen que el traspaso podría derivar en la disolución del fuero laboral nacional, afectar miles de causas en trámite y poner en riesgo hasta 1.600 puestos de trabajo judiciales.

Por su parte, el oficialismo nacional y el gobierno porteño defienden la reforma y el traspaso como una forma de terminar con la "industria del juicio" y mejorar la eficiencia del sistema. El jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny, afirmó que la transferencia "se termina la persecución sistemática a los empleadores" y que la medida beneficiará a PYMES y comercios.

La CGT anticipó que apelará la decisión ante la Cámara de Apelaciones y prepara nuevas acciones judiciales para intentar frenar la implementación de la ley en su totalidad. Mientras tanto, la reforma laboral sigue vigente y la disputa se traslada a instancias superiores, en un contexto de alta tensión entre el gobierno y el sindicalismo.

El debate sobre la constitucionalidad y el impacto de la reforma laboral continúa abierto, con múltiples actores sociales y políticos atentos a las próximas resoluciones judiciales y a las consecuencias para el mundo del trabajo en Argentina.