La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender temporalmente todas las demandas judiciales contra la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Esta decisión, celebrada por el Gobierno nacional como un "hito histórico", otorga al país un respiro clave mientras se define la apelación de fondo sobre la condena a un pago de 18.000 millones de dólares.

Según informó la Oficina del Presidente, la medida fue adoptada tras un pedido formal de la Procuración del Tesoro presentado el 6 de marzo de 2026. El comunicado oficial destacó el "rigor técnico y la responsabilidad institucional" de la estrategia jurídica argentina, así como el trabajo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.

La resolución de la Cámara estadounidense implica la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto se resuelva la apelación de fondo. "Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", señaló el comunicado oficial.

El fallo impide que cualquier tribunal estadounidense avance en investigaciones o ejecuciones derivadas de la expropiación de la petrolera, producida en 2012, hasta que se resuelva la apelación promovida por el Estado nacional. El principal beneficiario de las demandas es Burford Capital, aunque la suspensión no implica un pronunciamiento de fondo sobre el pleito, sino que deja en suspenso toda ejecución y nuevas investigaciones hasta que los jueces del Segundo Circuito decidan si corresponden el pago y la magnitud del resarcimiento reclamado.

De acuerdo con estadísticas del tribunal, la definición de la apelación podría demorar entre seis y doce meses. El fallo definitivo podrá optar por validar totalmente la actuación de la jueza Loretta Preska, cuestionarla en su totalidad beneficiando a Argentina, o bien ordenar reconsiderar aspectos técnicos relevantes, como la jurisdicción competente o el cálculo del monto indemnizatorio.

El Gobierno argentino reafirmó su compromiso de desplegar todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger los derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos. La decisión de la justicia estadounidense es vista como un paso clave en la estrategia de defensa nacional, aunque el desenlace final del litigio aún permanece abierto.