Los controladores aéreos agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron un cronograma de medidas de fuerza que comenzará el 11 de julio y se extenderá durante todo el mes, coincidiendo con las vacaciones de invierno en distintas provincias argentinas. La medida, que afectará los despegues en todos los aeropuertos del país, responde a un reclamo salarial que lleva más de diez meses sin respuesta por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

El plan de acción contempla paros escalonados los días viernes 11, 18 y 25; sábado 12; domingos 13, 20 y 27; martes 15; jueves 24; y miércoles 30 de julio, a partir de las 12:00 horas. Según informaron desde el gremio, las restricciones impactarán en la autorización de vuelos y vehículos en tierra, así como en la recepción y transmisión de planes de vuelo. No obstante, las operaciones de emergencia, sanitarias y humanitarias estarán exceptuadas de las medidas.

El conflicto se agrava en un contexto de desregulación del sector aéreo impulsada por el Gobierno, que incluye la reducción de los tiempos mínimos de descanso para el personal de vuelo y la posible privatización de empresas públicas. Los sindicatos denuncian un proceso de "vaciamiento" y precarización laboral, y han presentado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la declaración de la actividad como "servicio esencial" y la supuesta violación del derecho a huelga.

El jueves 10 de julio, los cinco gremios aeronáuticos (APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y ATEPSA) realizarán un plenario para analizar y coordinar acciones conjuntas frente a lo que consideran una amenaza a la sostenibilidad del sistema aeronáutico nacional. "Estamos organizados e intentamos avanzar todos juntos hacia las medidas de fuerza", señalaron fuentes sindicales, aunque aún no se definió una fecha para un paro general.

Desde el Gobierno, la estrategia de desregulación se justifica como una forma de alinear el régimen laboral a estándares internacionales y reducir los costos operativos de las aerolíneas. Sin embargo, los gremios advierten que estas políticas ponen en riesgo la seguridad operacional y la soberanía aérea del país, especialmente en un período de alta demanda turística como el receso invernal.

El desarrollo del conflicto y la posible profundización de las medidas mantienen en vilo a miles de pasajeros y al sector turístico, en uno de los momentos de mayor movimiento del año.