En la ciudad de Córdoba, trabajadores judiciales llevaron a cabo una serie de protestas que incluyeron la toma del Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales I. La medida, impulsada por empleados autoconvocados, busca un aumento salarial del 50% y mejores condiciones laborales. Según los manifestantes, los sueldos actuales están muy por debajo del millón de pesos, con ingresantes que no superan los 700 mil pesos mensuales.

La jornada de protesta comenzó con asambleas en distintos edificios judiciales y culminó en una concentración masiva en Tribunales I. Los trabajadores exigen una equiparación salarial con la Justicia Federal, donde los aumentos son definidos por la Corte Suprema y aplicados a todos los niveles. En contraste, los empleados de la Justicia provincial dependen de negociaciones entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo provincial.

El líder sindical Julio Piumato, de la Unión de Empleados Judiciales, denunció una pérdida salarial del 34,2% en los últimos 16 meses y criticó la falta de recursos básicos en el sistema judicial. "No se ha definido la recomposición salarial de febrero y marzo, y ya estamos terminando abril sin respuestas", afirmó. Además, destacó que los judiciales tienen prohibido ejercer otras profesiones, lo que agrava su situación económica.

En medio de las protestas, se denunció un episodio de violencia cuando un funcionario fue acusado de agredir físicamente a una trabajadora. Este hecho generó repudio y solidaridad de figuras políticas como la concejala Laura Vilches, quien calificó el incidente como un símbolo de la violencia económica y laboral que enfrentan los empleados judiciales.

Las tensiones también se extienden al ámbito sindical. Los manifestantes criticaron a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) por su "postura dubitativa" frente a los reclamos. Según los autoconvocados, el sindicato no ha asumido un rol activo en la lucha por la equiparación salarial.

El conflicto pone de relieve las desigualdades salariales y las tensiones laborales en el sistema judicial argentino, en un contexto de crisis económica generalizada. Mientras las protestas continúan, el debate sobre la equidad salarial y la gestión de recursos en la Justicia provincial sigue abierto.