Un incendio ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, en las afueras de Córdoba, resultó en la muerte de dos internas: Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33. A dos meses del trágico suceso, las familias de las víctimas intensifican su reclamo de justicia y exigen una investigación exhaustiva sobre las condiciones de detención y la actuación del personal penitenciario durante el siniestro.

Según los testimonios recogidos, las mujeres se encontraban en una celda de aislamiento cuando se desató el fuego, presuntamente iniciado por la quema de colchones inflamables. Los familiares denuncian que las condiciones dentro de la celda eran extremadamente riesgosas, señalando la presencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos. Además, sostienen que hubo una demora significativa en la apertura de las puertas y que otras internas fueron evacuadas antes que las fallecidas, a pesar de los pedidos de auxilio.

Valeria Soledad Romero, madre de Agostina Pedraza, presentó un pedido formal para ser reconocida como querellante y manifestó: “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”. La querella, representada por el abogado Diego Casado, impulsa la revisión de los protocolos contra incendios, el análisis de los registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la identificación del personal de guardia y la toma de declaraciones a testigos, internas y personal médico.

El caso avanza en la justicia provincial, donde se investiga si existió abandono de persona, homicidio agravado por abuso de función o incluso encubrimiento por parte de los agentes penitenciarios. También se analiza la posible responsabilidad civil e internacional del Estado provincial, dado que una de las víctimas estaba bajo custodia exclusiva del Estado y no contaba con condena firme.

Hasta la fecha, no hay imputados en la causa. El informe de Bomberos confirmó que el incendio fue intencional. La familia de Pedraza había solicitado prisión domiciliaria meses antes del hecho. El reclamo de justicia se mantiene firme, con la exigencia de que se esclarezcan las circunstancias y se determinen las responsabilidades individuales e institucionales. El caso pone en el centro del debate las condiciones de detención y la obligación estatal de proteger la vida de las personas privadas de libertad.