La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió al cruce de las acusaciones del abogado Gregorio Dalbón, quien había sugerido que la causa judicial por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría resolverse políticamente con su intervención. "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin", expresó Milei a través de su cuenta de X, en una inusual declaración pública.

La polémica se desató luego de que Dalbón, representante legal de Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia, afirmara que la investigación por una supuesta evasión de 19.000 millones de pesos era "absolutamente política" y que podría resolverse mediante un acuerdo con la funcionaria. Estas declaraciones se produjeron tras la indagatoria de Toviggino, quien presentó un escrito ante la Justicia y evitó responder preguntas.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también intervino en el debate, recordando que "el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y tratados internacionales de derechos humanos". Mahiques subrayó que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en causas judiciales y que el Gobierno colabora con la Justicia para esclarecer los hechos.

En el entorno de la AFA, las declaraciones de Dalbón generaron malestar. Marcelo Rochetti, abogado de Toviggino, desautorizó públicamente a Dalbón, asegurando que no representa ni a Tapia ni a Toviggino y calificando sus dichos de "inoportunos e irresponsables". Desde la Casa Rosada, fuentes oficiales reiteraron que no existe ningún acuerdo con la AFA y que la investigación debe seguir su curso legal.

La causa, impulsada por una denuncia de ARCA, investiga presuntas irregularidades en el pago de aportes previsionales, IVA e Impuesto a las Ganancias entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Mientras la defensa de los directivos busca el cierre del expediente por inexistencia de delito, la Justicia deberá decidir los próximos pasos en una investigación que mantiene en vilo al fútbol argentino y al Gobierno nacional.