El gobierno argentino avanzó en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas clave: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, oficializada mediante la Resolución 1569/2025 y publicada en el Boletín Oficial, incorpora una nueva circular modificatoria al pliego del concurso público nacional e internacional para la venta total del paquete accionario de estas sociedades, creadas tras la reestructuración de Enarsa.

El proceso, que se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025 y en la Ley Bases, prevé concesiones por 30 años sin precio base, lo que ha generado críticas por la posible subvaloración de activos estratégicos. Según fuentes oficiales, la decisión busca modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia y reducir la carga fiscal del Estado. "La participación del capital privado permitirá modernizar la infraestructura y optimizar la eficiencia del sistema", defendieron desde el Ministerio de Economía.

Sin embargo, la medida ha sido fuertemente cuestionada por sectores opositores, sindicales y exfuncionarios. El exsecretario de Energía, Darío Martínez, advirtió: "Es un gobierno totalmente errático que se está desprendiendo de todo para tratar de manotear un dólar más porque su modelo fracasó. Ahora busca comprometer no solo las represas sino también el agua". Por su parte, la exsubsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, señaló que "es raro tener una discusión sobre un activo a 30 años en función de un debate mucho más corto que tiene que ver con el déficit fiscal" y cuestionó la falta de planificación energética a largo plazo.

El proceso de privatización se produce tras el vencimiento de las concesiones otorgadas en los años 90 y en un contexto de alta volatilidad económica y tensiones políticas. Las represas, ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, aportan cerca del 20-25% de la generación hidroeléctrica nacional y son fundamentales para el abastecimiento de agua y riego en las provincias de Río Negro y Neuquén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, lamentó que el Ejecutivo "haya decidido avanzar unilateralmente", mientras que desde Río Negro se advirtió que la reprivatización "afecta los intereses provinciales". Analistas y exfuncionarios alertan sobre la dolarización de tarifas y los riesgos legales de revertir la medida en el futuro. El proceso, que involucra a empresas como Pampa Energía y Aluar, se perfila como uno de los ejes más sensibles del plan de privatizaciones previsto para 2025, con posibles consecuencias estructurales para la soberanía energética e hídrica del país.