Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), conocido como Subsidio de Salud de Tucumán, fueron imputados por su presunta participación en una maniobra fraudulenta que consistía en la venta de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos. Según la acusación fiscal, la operatoria comenzó en enero de 2026 y generó un perjuicio económico estimado en $27.904.918 al Estado provincial.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos bajo la dirección de la fiscal Mariana Rivadeneira, reveló que los imputados ofrecían a afiliados la obtención de certificados apócrifos a cambio de dinero, prometiendo acceso a cobertura total en prácticas médicas, cirugías y prótesis. En al menos cuatro casos detectados, las víctimas abonaron un total de $1.950.000 por estos documentos falsos.

Los empleados, aprovechando sus funciones dentro del organismo, incorporaban la documentación apócrifa en expedientes administrativos reales, facilitando así el avance de los trámites y logrando que superaran los controles internos, incluida la auditoría médica. En algunos casos, las prestaciones ya habían sido autorizadas cuando se detectó la maniobra.

El fraude fue descubierto por el propio IPSS al advertir irregularidades en los expedientes. Uno de los acusados fue detenido en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán cuando intentaba huir hacia Córdoba, tras evadir un allanamiento previo. El Ministerio Público Fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva para los tres imputados, argumentando riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La jueza interviniente declaró la causa como asunto complejo por el plazo de un año.

Finalmente, se dictó arresto domiciliario con monitoreo electrónico por dos meses para uno de los acusados, mientras que los otros dos quedaron sujetos a reglas de conducta y debieron pagar una caución de $3 millones cada uno. La investigación continúa con el análisis de documentación y dispositivos electrónicos secuestrados, y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones si se detectan más implicados o conexiones internas.

El caso ha puesto en evidencia las debilidades en los controles administrativos del sistema de salud provincial y ha generado preocupación sobre posibles redes de corrupción dentro de organismos estatales. Las autoridades buscan determinar si la maniobra fue obra exclusiva de los empleados imputados o si existieron complicidades de mayor alcance.