El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa anunció un paro de 48 horas en Vaca Muerta, la principal cuenca petrolera de Argentina, en respuesta a más de 1.200 despidos y 2.000 suspensiones en el sector. La medida, que amenazaba con paralizar la producción energética nacional, fue confirmada tras el fracaso de las negociaciones entre el gremio y las operadoras en Buenos Aires.

El conflicto se produce en un contexto de ajuste de inversiones por parte de las empresas petroleras, que revisan sus planes para el segundo semestre de 2025. Aunque la producción de Vaca Muerta alcanzó récords históricos en junio, con 112,3 millones de metros cúbicos de gas y casi 494.000 barriles diarios de petróleo, las operadoras han decidido reducir equipos y suspender personal, argumentando una baja en la cantidad de etapas previstas para la segunda mitad del año.

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, criticó duramente a las empresas: “Estamos ante una situación dificilísima producto de la avaricia de las empresas porque no están perdiendo plata”. El gremio exige la reincorporación de los despedidos y advierte que, de no haber solución, podrían continuar las medidas de fuerza. Por su parte, las operadoras solicitaron la intervención del Gobierno nacional, que finalmente dictó la conciliación obligatoria para evitar el paro.

El impacto de la crisis se extiende más allá de Neuquén, afectando a provincias como Chubut y Santa Cruz, donde la salida de YPF de áreas maduras y los recortes operativos han generado miles de despidos y una fuerte contracción económica. El comercio y la hotelería en ciudades como Comodoro Rivadavia ya registran caídas significativas en el empleo y la ocupación.

Mientras tanto, la tensión sindical contrasta con el auge productivo de Vaca Muerta, que representa más del 60% de la producción petrolera nacional. Sin embargo, la incertidumbre política y económica, sumada a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, alimenta el malestar entre los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad del sector. El desenlace del conflicto dependerá de las próximas negociaciones entre gremio, empresas y el Gobierno, en un escenario donde el impacto social y económico ya se hace sentir en toda la región patagónica.