El reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad desató una fuerte reacción en la sociedad argentina, con protestas y manifestaciones en distintas ciudades del país. La normativa, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, proponía regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles, reforzar el sistema de pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. Además, contemplaba medidas de apoyo a instituciones y profesionales, en un contexto de crisis profunda del sector.

El presidente Javier Milei justificó el veto en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, aunque estimaciones oficiales señalan que el impacto de la ley sería mínimo, representando apenas el 0,003% del PBI. Sin embargo, la decisión fue recibida con indignación por organizaciones, gremios estatales, familias y figuras públicas, quienes consideran que la medida agrava la situación de miles de personas y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

Entre las voces más destacadas se encuentra la del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, quien junto a su familia visibilizó la problemática desde su experiencia personal y remarcó que "los derechos humanos siempre deben estar por encima de cualquier política económica". El diputado Daniel Arroyo, autor de la ley, calificó el veto como "un error absurdo" y subrayó que "no hay fundamento racional para impedir el acceso a derechos básicos como salud y transporte".

Las movilizaciones se replicaron en plazas y frente al Congreso Nacional, donde organizaciones y familias exigieron a los legisladores revertir el veto y priorizar los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores. Gremios estatales de Córdoba también se sumaron al reclamo, señalando que la medida profundiza las dificultades cotidianas y el colapso de instituciones y profesionales del sector.

El debate trasciende la grieta política y se centra en la defensa de derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas para todos. Mientras el Gobierno sostiene su postura fiscalista, el movimiento de discapacidad y sus aliados insisten en la urgencia de soluciones técnicas y humanas, reclamando dignidad y estabilidad para un colectivo históricamente postergado. El futuro de la ley dependerá de la presión social y legislativa en las próximas semanas.