El reciente escándalo de presunta corrupción que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni ha generado un fuerte impacto en la opinión pública argentina y en la imagen del gobierno de Javier Milei. Según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, más del 80% de los argentinos considera probable que Adorni haya cometido irregularidades financieras, mientras que el 68% desaprueba la respuesta del Poder Ejecutivo ante el caso. El 51% de los consultados cree que el episodio pone en riesgo la credibilidad de la gestión oficial.

El caso, ampliamente conocido por la sociedad, fue calificado como grave por el 64% de los encuestados, quienes en su mayoría exigieron la salida inmediata de Adorni del gobierno. Tras meses de investigación y defensa pública por parte del presidente Milei, Adorni presentó su renuncia, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su patrimonio y el uso de bienes públicos.

La corrupción ha pasado a ocupar el centro de las preocupaciones ciudadanas, desplazando a la economía y la inflación, que históricamente dominaban la agenda pública. El 47,9% de los encuestados la menciona como el principal problema del país, seguida por el desempleo y la impunidad. La percepción negativa sobre la situación económica y el mercado laboral persiste, con el 62% y el 73% de los consultados evaluándolas negativamente, respectivamente.

En cuanto a la imagen de los dirigentes, Patricia Bullrich emerge como la figura con mejor valoración positiva, seguida por Myriam Bregman y Javier Milei, aunque en todos los casos la imagen negativa supera a la positiva. La desaprobación presidencial se mantiene elevada, en torno al 58%, aunque la aprobación de Milei ronda el 40%.

El escándalo Adorni se produce en un contexto de desaceleración inflacionaria y leves signos de recuperación económica, pero la confianza del consumidor argentino sigue siendo la más baja de la región. El 54% de los argentinos considera muy probable que surjan nuevos casos de corrupción en los próximos seis meses, reflejando un clima de escepticismo y desconfianza hacia la gestión actual. El gobierno enfrenta así el desafío de estabilizar la economía y recuperar la confianza pública en medio de crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas.