El Tribunal Oral Federal 2 se encuentra evaluando la solicitud de prisión domiciliaria presentada por Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema. La posible concesión de este beneficio ha generado un intenso debate público y mediático, especialmente en comparación con el trato que reciben otros condenados en el sistema judicial argentino.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, más del 80% de los condenados por delitos de lesa humanidad cumplen sus penas bajo arresto domiciliario. Estos beneficios incluyen permisos para salidas recreativas, reuniones familiares, asistencia a misas y hasta vacaciones, con controles mínimos sobre sus actividades y comunicaciones. Ejemplos recientes muestran que represores condenados han recibido autorizaciones para caminatas diarias, celebraciones familiares y atención de negocios personales, sin restricciones significativas en el uso de redes sociales o visitas.

En contraste, el debate sobre la situación de Fernández de Kirchner ha estado marcado por pedidos de restricciones excepcionales, como la limitación de reuniones, control de ingresos a su domicilio y restricciones en el uso de redes sociales. Diversos actores del ámbito judicial y de derechos humanos han señalado la existencia de una "doble vara" en la aplicación de la justicia. "La mayoría de los genocidas condenados gozan de la comodidad de sus casas, sin que eso merezca un renglón en los medios que ahora se rasgan las vestiduras", afirmó la abogada Myriam Bregman. Por su parte, Guadalupe Godoy, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, subrayó el clasismo en la concesión de beneficios, señalando que es más fácil que un represor obtenga permisos que una persona condenada por delitos menores.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha propuesto medidas específicas para el caso de Fernández de Kirchner, mientras que abogados querellantes y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de un trato igualitario ante la ley. El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre los criterios de otorgamiento de la prisión domiciliaria en Argentina y reavivar el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial.