La reciente detención de cinco militantes políticos, acusados de participar en un ataque al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político y judicial argentino. Los operativos, ordenados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y ejecutados por la Policía Federal con apoyo del Ministerio de Seguridad, incluyeron allanamientos en la Municipalidad de Quilmes y en domicilios particulares de varias localidades bonaerenses.

Entre los detenidos se encuentran la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y la concejala de Quilmes Eva Mieri, quienes, junto a otros tres militantes, permanecen incomunicados según denuncian sus familiares y abogados. Las detenciones se produjeron en el marco de la investigación por el escrache realizado frente a la casa de Espert, donde se colocaron pasacalles con insultos y se arrojó bosta en la vereda. El Ministerio de Seguridad informó que los procedimientos se realizaron por supuestas amenazas y ataques vandálicos ocurridos el 17 de junio.

Referentes de Unión por la Patria, junto a familiares de los detenidos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron irregularidades en los procedimientos, calificando las detenciones de "arbitrarias" y "violentas". El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, y el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, cuestionaron la falta de fundamentos para la prisión preventiva y la incomunicación de los acusados. "Esto es de una gravedad institucional absoluta y no vista en los últimos años", afirmó Molea.

Los familiares relataron situaciones de maltrato durante los allanamientos y traslados, incluyendo esposas, encadenamientos y supuestas "sesiones de fotos" de los detenidos. También expresaron preocupación por el estado de salud de algunos de los arrestados, como Abaigar, quien padece una enfermedad autoinmune.

Desde el oficialismo y organismos de derechos humanos se denunció una presunta persecución política y judicial, mientras que la jueza y el Ministerio de Seguridad sostienen que las medidas responden a delitos contra el orden público y amenazas. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la prisión preventiva y el accionar de la justicia en causas con connotaciones políticas, en un contexto de creciente polarización y tensión institucional.