La situación de los docentes en Entre Ríos atraviesa un momento de alta tensión ante la falta de convocatoria a paritarias salariales y el deterioro de los ingresos. El principal gremio de la provincia, AGMER, advirtió que, de no haber una propuesta formal del gobierno en las próximas semanas, podrían resolverse medidas de fuerza que afectarían el inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde agosto de 2025, AGMER viene solicitando la reapertura de la mesa de negociación salarial. Sin embargo, tras el acuerdo rubricado hasta diciembre, no hubo nuevas convocatorias oficiales. “Venimos solicitando desde agosto y nuevamente en diciembre que el gobierno nos convoque. Estuvimos esperando durante todo enero, pero hasta el momento no hay convocatoria. La dilatación de los tiempos no es responsabilidad de los docentes”, expresó Lía Fimpel, secretaria adjunta del gremio, en declaraciones a Elonce.

El reclamo salarial es uno de los ejes centrales. Según datos difundidos por Diariojunio, el salario de un maestro de grado sin antigüedad es de $621.000, cifra que, sumando incentivos, llega a $682.000, mientras que la canasta básica supera $1.300.000. “No estamos llegando ni al 10 del mes”, afirmó María José Chapitel, secretaria general de AGMER Concordia, quien también destacó el alto endeudamiento de los docentes, obligados a recurrir a créditos y tarjetas para cubrir gastos básicos.

A la problemática salarial se suman la preocupación por la reforma previsional y laboral, así como la falta de inversión en infraestructura escolar. El gremio rechaza diagnósticos oficiales sobre una supuesta sobrepoblación docente y advierte que podrían utilizarse como argumento para reformas estructurales en el sistema educativo.

El contexto se agrava por la desconfianza en los índices oficiales de inflación, tras cambios en la metodología del INDEC. El acuerdo salarial de 2025, que contemplaba aumentos mensuales según la inflación, resultó insuficiente ante la suba de precios.

En este escenario, AGMER y sus seccionales mantienen el estado de alerta y movilización, exigiendo una recomposición salarial real y la defensa de los derechos adquiridos. El inicio de clases, previsto para el 2 de marzo, queda así supeditado a una definición política y a la apertura de una instancia de negociación en las próximas semanas.