La desaparición de Martín Sebastián Palacios, un chofer de 49 años, mantiene en vilo a las provincias de Córdoba y Entre Ríos. Palacios fue visto por última vez el 8 de octubre, cuando informó a su familia que debía realizar un traslado de "personal ejecutivo" durante la medianoche. Desde entonces, no se supo más de él.

El conductor había sido contratado para trasladar a Pablo Laurta, principal sospechoso de un doble femicidio y secuestro, desde Concordia, Entre Ríos, hasta Santa Fe. Según testimonios de familiares, Palacios aceptó el viaje por un monto de 1.500.000 pesos y mantuvo comunicación habitual hasta el momento de su desaparición. Su vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, fue hallado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres, Córdoba, el 9 de octubre. El incendio provocó la evacuación de 130 personas y la pérdida total de 14 vehículos.

La investigación se centra en la posible relación entre la desaparición de Palacios y los crímenes atribuidos a Laurta, quien fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, junto a su hijo de cinco años, tras intentar huir a Uruguay. Las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, junto con la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, trabajan en conjunto para esclarecer los hechos y reconstruir el trayecto del chofer desaparecido.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Palacios, difundiendo su descripción física y datos relevantes. La familia del conductor denunció inicialmente la falta de respuesta policial en Córdoba, lo que los llevó a formalizar la denuncia en Concordia. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor coordinación interprovincial en situaciones de alta complejidad y ha generado preocupación por la seguridad de los trabajadores de transporte.

Mientras continúan los operativos de búsqueda y el análisis de cámaras de seguridad, la investigación permanece abierta y se evalúan todas las hipótesis posibles. El desenlace de este caso podría tener implicaciones importantes en la gestión de delitos interprovinciales y la protección de víctimas vinculadas a hechos de violencia extrema.