El conflicto judicial internacional en torno a YPF se intensificó esta semana tras el fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordenó la entrega del 51% de las acciones estatales de la petrolera a los demandantes por la expropiación de 2012. A este escenario se sumaron nuevos fondos acreedores, como Attestor y Trinity, que buscan ejecutar sentencias previas por deuda soberana impaga y reclaman prioridad sobre el paquete accionario, argumentando que sus fallos son anteriores a los del caso YPF.

Según el analista Sebastián Maril, estos fondos solicitaron a la justicia estadounidense una orden conocida como “me too”, que les permitiría sumarse a la ejecución de las acciones. El Gobierno argentino, por su parte, presentó una apelación y pidió la suspensión del fallo, calificándolo de “jurídicamente inaplicable” y señalando que contradice la legislación local, en particular la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso para transferir acciones estatales.

El CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la sentencia no tendrá impacto directo sobre la operatividad de la empresa ni sobre sus planes de inversión y crecimiento, incluyendo proyectos clave como el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de un nuevo oleoducto. Marín subrayó que el aumento reciente en el precio de los combustibles responde a un nuevo esquema de precios y no está vinculado al litigio judicial.

El fallo de Preska, que impone una condena superior a los 16.000 millones de dólares, ha sido criticado por analistas por aplicar criterios financieros estrictos y descontextualizados, lo que genera una presión significativa sobre los activos estatales argentinos en el exterior. El Gobierno insiste en que la sentencia desconoce la inmunidad soberana y advierte sobre el impacto negativo de su ejecución.

Mientras tanto, la disputa judicial continúa en los tribunales estadounidenses, con la posibilidad de que el caso escale a instancias superiores. El desenlace tendrá implicancias no solo para el futuro de YPF, sino también para la estrategia argentina frente a litigios internacionales y la protección de sus activos estratégicos.