Una mujer de 55 años, oriunda de Mendoza y residente en Canadá, viajó recientemente a la provincia para visitar a su familia y conocer en persona a Eduardo Jesús Videla, un hombre con quien mantenía una relación sentimental a distancia iniciada por redes sociales. El encuentro, que prometía ser el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos, terminó en una denuncia por abuso sexual, violencia física y privación ilegítima de la libertad, hechos que conmocionaron a la comunidad local.

El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Las Bodegas, en Coquimbito, Maipú. Según fuentes policiales y judiciales, vecinos de la zona escucharon gritos y pedidos de auxilio provenientes del interior de la casa y alertaron al 911. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con signos visibles de agresión. De acuerdo con su testimonio, había sido golpeada y maltratada por Videla, quien habría consumido bebidas alcohólicas durante el ataque.

La víctima fue asistida por personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado, y posteriormente trasladada al hospital Lagomaggiore, donde se activó el protocolo para víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. Videla, en tanto, se atrincheró en una dependencia de la vivienda y se negó a salir, pero fue reducido y detenido por la policía.

La fiscal Gabriela Chaves, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, formalizó la imputación contra Videla por amenazas simples, lesiones leves dolosas doblemente agravadas, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género. La mujer presentaba lesiones en la cabeza, rostro, brazos y piernas, y permaneció internada para estudios médicos que serán incorporados a la investigación judicial.

Videla continuará detenido a la espera de una audiencia de prisión preventiva. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel, según la escala penal prevista para los delitos imputados. El caso ha generado preocupación en la provincia y reabre el debate sobre la violencia de género y los riesgos asociados a las relaciones iniciadas por redes sociales.