El financista Francisco Hauque, actualmente investigado en la causa SIRA, ha realizado declaraciones que sacudieron el escenario político y financiero argentino. Según Hauque, exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, incluido el propio expresidente, estaban al tanto y participaban en maniobras ilegales con el dólar blue y permisos de importación (SIRA) durante el cepo cambiario entre 2021 y 2023.

Las investigaciones, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, se originaron a partir de un pendrive entregado por un expolicía arrepentido. Este material permitió descubrir una red que, según Hauque, generaba hasta un millón de dólares diarios en ganancias ilícitas. El mecanismo consistía en la compra de dólares al valor oficial a través de casas de cambio, para luego venderlos en el mercado paralelo, obteniendo retornos de entre el 10 y el 15% por cada SIRA aprobada.

Hauque detalló que la estructura estaba liderada por Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central, y que el dinero llegaba a altos funcionarios, mencionando a Miguel Ángel Pesce, expresidente del BCRA, y a Matías Tombolini, exsecretario de Comercio. "Gente como Alberto Fernández lo sabía y participaba, como en todos los negocios", afirmó Hauque en una entrevista televisiva. Además, relató que en reuniones en hoteles de lujo se discutían y repartían fondos, y que parte del dinero se habría invertido en la construcción de un hotel en Tandil.

El financista también denunció haber recibido amenazas de muerte, atribuyéndolas a sectores oscuros del poder con acceso a servicios de inteligencia. "Me amenazaron en un restaurante de Puerto Madero. Son amenazas sofisticadas y te hablan de tu familia", declaró, y aseguró contar con custodia policial. Presentó pruebas de las intimidaciones ante la Justicia y advirtió que, si es citado a declarar, aportará toda la información que posee.

Por su parte, fuentes cercanas al kirchnerismo negaron rotundamente las acusaciones, calificándolas de "irrisorias" y sugiriendo que Hauque busca protegerse judicialmente. La causa sigue abierta, con más de 50 personas y empresas bajo investigación, y se esperan nuevas pruebas y testimonios en los próximos días. El caso reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de divisas y la corrupción política en Argentina, en un contexto de fuerte restricción cambiaria y crisis económica.