El suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos, reveló una compleja red de extorsión digital operada desde cárceles bonaerenses. La investigación, presentada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, determinó que Gómez fue víctima de una banda que utilizaba la aplicación de citas falsa "Evermatch" para captar y manipular a sus víctimas.

Según las autoridades, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles falsos de mujeres en la app. Tras entablar contacto, los extorsionadores simulaban ser familiares indignados y luego un falso policía, exigiendo transferencias de dinero bajo amenazas de denuncias legales. Gómez, sometido a una presión psicológica y financiera creciente, dejó una carta en la que relataba las deudas y el acoso sufrido, documento que resultó clave para esclarecer el caso.

La investigación permitió identificar a los principales integrantes de la organización, tres de los cuales ya estaban detenidos en las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos. Además, se detuvo a colaboradoras externas que recibían los fondos. En total, siete personas fueron arrestadas tras allanamientos coordinados entre fuerzas federales y la Justicia.

El caso puso en evidencia el uso sistemático de celulares en cárceles para cometer delitos digitales, fenómeno que se intensificó tras la pandemia y que, según la jueza Arroyo Salgado, se mantiene por falta de controles y posibles connivencias dentro del sistema penitenciario. Las autoridades destacaron la necesidad de reformar los mecanismos de control y advirtieron sobre la existencia de verdaderas "pymes del delito" que operan desde prisión.

La muerte de Gómez generó conmoción en el ámbito militar y político, especialmente por haberse producido en un área de máxima seguridad. El Gobierno subrayó la importancia de la coordinación institucional para desarticular la banda y prevenir futuras víctimas. El caso reavivó el debate sobre la seguridad carcelaria y la lucha contra el ciberdelito en Argentina.