Una mujer de 27 años fue indemnizada con más de ocho millones de pesos tras un fallo judicial que responsabilizó a una clínica privada, a un médico no especialista y a una aseguradora por los daños sufridos durante una cirugía estética de glúteos en San Isidro. El procedimiento, realizado en 2018, desencadenó una serie de complicaciones que incluyeron infecciones graves, múltiples intervenciones y secuelas físicas y psicológicas.

Según la sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº12 de San Isidro, la paciente comenzó a experimentar molestias y deformaciones poco después de la operación. Ocho meses más tarde, uno de los implantes se desplazó y el médico intentó corregir la situación reutilizando la prótesis, lo que agravó la infección. La herida no cicatrizaba y la paciente debió acudir casi a diario a la clínica, sin lograr una recuperación adecuada. Finalmente, fue intervenida de urgencia por otro cirujano plástico, quien extrajo la prótesis y trató la infección con antibióticos y controles posteriores.

La pericia médica determinó que la infección fue causada por un estafilococo resistente y que la recolocación de la prótesis en presencia de infección fue contraria a las prácticas recomendadas. La paciente quedó con una cicatriz queloide visible, una incapacidad física del 7% y un trastorno de ansiedad moderado. El juez subrayó la ausencia de consentimiento informado y la falta de especialización del profesional, elementos clave en la atribución de responsabilidad.

El fallo condenó a la clínica y al médico a pagar $8.007.103,66, suma que incluye daño moral, gastos médicos, tratamientos futuros y asistencia psicológica, más intereses y actualización. La aseguradora deberá cubrir la indemnización hasta el tope de la póliza, ajustada a valores actuales. El tribunal también remarcó la obligación de la clínica de garantizar un servicio adecuado y la importancia del consentimiento informado en procedimientos electivos.

Durante el proceso, tanto la clínica como el profesional fueron declarados en rebeldía por no comparecer en tiempo y forma. La sentencia, que podría sentar precedente en casos de mala praxis en cirugías estéticas, destaca la necesidad de controles más estrictos y la protección de los derechos de los pacientes.