Sobreseyeron al acusado del femicidio de Olga Quintero, la docente jubilada de Piedra del Águila
• Sobreseyeron al acusado del crimen de Olga Quinteros en Piedra del Águila • Fue declarado inimputable por informes médicos • Deberá permanecer internado en un centro de salud mental por hasta 10 años • La decisión generó repercusiones en la comunidad


El acusado por el homicidio de Olga Quinteros, la docente jubilada asesinada en Piedra del Águila en marzo de 2025, fue sobreseído tras ser declarado inimputable por la Justicia de Neuquén. La decisión se basó en informes médicos que determinaron que el hombre, de nacionalidad dominicana, no comprendía la gravedad de sus actos al momento del crimen.
Según la investigación, el 14 de marzo de 2025, Quinteros fue atacada en su vivienda durante un robo. El acusado, identificado como Ramón De León Pérez, huyó en el auto de la víctima y recorrió más de 1.300 kilómetros hasta la localidad bonaerense de Azul, donde abandonó el vehículo. Posteriormente, llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue detenido al intentar ingresar al consulado de República Dominicana.
El caso fue inicialmente caratulado como femicidio, aunque luego se recalificó como robo calificado por homicidio. Durante el proceso, la fiscalía y la defensa solicitaron pericias psiquiátricas, cuyos resultados coincidieron en que el acusado no estaba en condiciones de comprender ni dirigir sus acciones. El juez de garantías Ignacio Pombo avaló el pedido de sobreseimiento y dispuso la internación obligatoria del acusado en un centro de salud mental por un plazo máximo de 10 años, con revisiones periódicas de su estado.
La resolución judicial establece que la internación podrá cesar si se revierten las condiciones médicas o los riesgos que motivaron la medida, bajo control de la justicia civil. Mientras tanto, el acusado permanecerá bajo custodia policial y seguimiento judicial.
La muerte de Olga Quinteros generó una fuerte conmoción en la comunidad de Piedra del Águila, donde era una figura muy querida. Familiares y representantes del sindicato docente ATEN manifestaron su descontento con el desenlace judicial, cuestionando el diagnóstico psiquiátrico y la falta de una condena penal. El caso reabrió el debate sobre la reincidencia y el control judicial de personas con antecedentes violentos, así como la respuesta institucional ante hechos de violencia de género.
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