El femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, Salta, ha sacudido a la provincia y puesto en evidencia graves deficiencias en la protección de víctimas de violencia de género. El crimen ocurrió el pasado 17 de febrero en el barrio Luz y Fuerza, donde Natalia fue encontrada por sus familiares con un cable alrededor del cuello, tras haber solicitado ayuda minutos antes. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, falleció antes de llegar al Hospital Francisco Herrera.

El principal sospechoso, Orlando Serapio, expareja de la víctima, permanece prófugo. Su camioneta Ford EcoSport fue hallada abandonada en la zona de Chorrillos, lo que llevó a intensificar los operativos de búsqueda en áreas montañosas. Según fuentes de la investigación, Serapio habría planificado su huida, llevándose abrigo, herramientas y provisiones básicas.

Natalia Cruz había realizado múltiples denuncias por acoso y violencia, solicitando custodia policial fija. Sin embargo, la protección no se concretó por falta de personal. El 3 de febrero se ratificó la restricción perimetral, pero no se otorgó custodia. El 9 de febrero, Serapio violó la perimetral ingresando a la vivienda, pero la denuncia no derivó en detención. El 17 de febrero, horas antes del crimen, Natalia fue informada de la orden de custodia, pero le comunicaron que "no había policías disponibles".

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, se reunió con los familiares para informar sobre el estado de la investigación y los derechos que los asisten como víctimas. El caso de Natalia no es un hecho aislado: en 2017, su hermana menor también fue asesinada por su pareja, lo que evidencia una problemática estructural.

El femicidio de Natalia Cruz expone la distancia entre resoluciones judiciales y recursos operativos para ejecutarlas. En la jurisdicción, la demanda de custodias fijas supera ampliamente la disponibilidad de efectivos, lo que condiciona la implementación de medidas de protección. Familiares y fuentes judiciales denuncian negligencia policial y falta de articulación entre Justicia y fuerzas de seguridad. El caso reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la gestión de situaciones de alto riesgo en contextos de violencia de género.