En Rosario, una audiencia judicial celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal puso en el centro de la escena a Daniel Acosta, exjefe de la Policía local, y a otros altos mandos, quienes fueron imputados por un millonario fraude con fondos públicos destinados al combustible de patrulleros. La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, reveló la existencia de una asociación ilícita que operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, desviando entre 45 y 90 millones de pesos mensuales mediante sobrefacturación y cargas ficticias de combustible.

La maniobra, según la acusación, se realizaba en connivencia con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se concentraban las operaciones. El fiscal expuso que la organización estaba liderada por Acosta y su secretario privado, Rodrigo Domínguez, quienes implementaron un sistema de castigos internos para los jefes policiales que demoraban la rendición de fondos. Las sanciones incluían la entrega de bienes como whiskies, vinos y costillares, además de dinero en efectivo.

La investigación se inició tras denuncias anónimas y se expandió a varias áreas de la Unidad Regional II. Se detectó que más de ochenta patrulleros fuera de servicio figuraban como activos en los registros de carga de combustible, y que los gastos declarados no se correspondían con el uso real de los vehículos. El seguimiento de GPS y las intervenciones telefónicas permitieron recolectar pruebas clave, incluyendo testimonios de "arrepentidos" y fotografías de policías retirando dinero en efectivo de la estación de servicio.

El impacto del caso fue inmediato: el gasto en combustible de la Unidad Regional II bajó de $406 millones en abril a $348 millones en junio, tras las primeras detenciones. Además de los policías, varios civiles vinculados a la estación de servicio fueron imputados por su participación en la maniobra.

Durante la audiencia, el abogado Carlos Varela, representante de dos uniformados, señaló la presión mediática y política que rodea el proceso, y expresó su esperanza de que se garantice la imparcialidad judicial. El fiscal Caterina, por su parte, destacó la consolidación de la asociación ilícita y la relevancia de las pruebas presentadas.

El caso ha generado un fuerte cimbronazo en la policía rosarina, con la caída de históricos nombres y expectativas sobre futuras reformas para restaurar la confianza en la institución. La audiencia continuará en los próximos días, donde se definirán la extensión de la prisión preventiva y nuevas calificaciones penales para los imputados.