La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. El fallo, dictado el 17 de junio de 2025, deja firme la sentencia y ordena que la exmandataria cumpla prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo monitoreo electrónico y con restricciones de visitas y apariciones públicas.

La condena, que se extiende hasta 2031, se basa en la acusación de administración fraudulenta en la adjudicación de 51 obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El Tribunal Oral Federal N°2 absolvió a Kirchner del delito de asociación ilícita, pero consideró probada la maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, la sentencia incluye el decomiso de más de 84 mil millones de pesos y la exclusión de Kirchner del padrón electoral, impidiéndole ser candidata a cualquier cargo público.

El fallo generó un fuerte impacto político y social. Sectores del kirchnerismo y la izquierda denunciaron una “proscripción” y convocaron a movilizaciones para rechazar la decisión judicial. Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda, calificó el fallo como una avanzada antidemocrática y llamó a la “más amplia movilización popular”. Por su parte, dirigentes opositores como el senador Luis Juez consideraron la condena adecuada y criticaron la estrategia de defensa de Kirchner, señalando que se basó en argumentos políticos y no en pruebas técnicas.

En el peronismo cordobés y otros sectores del oficialismo, la reacción fue de cautela institucional o silencio, en un contexto de fuerte polarización y debate sobre la judicialización de la política. La defensa de Kirchner aún puede apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la sentencia ya es firme en el ámbito nacional.

El caso Vialidad, iniciado en 2016, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y de la disputa por la independencia judicial en Argentina. Su desenlace tendrá consecuencias en la estrategia electoral de distintos espacios políticos y en la dinámica interna del peronismo, en un año clave para el país.