El ataque perpetrado contra la vivienda del diputado nacional José Luis Espert ha desatado una fuerte controversia política y judicial en la provincia de Buenos Aires. El pasado 17 de junio, un grupo de personas encapuchadas arrojó bolsas con estiércol y colocó un cartel con amenazas en la puerta de la casa del legislador, ubicada en San Isidro. Las cámaras de seguridad registraron la llegada de una camioneta Chevrolet S10 y un Renault Clio, vehículos que posteriormente fueron identificados como parte de la logística del hecho.

La investigación judicial, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, permitió identificar y detener a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense y militante de La Cámpora. Junto a ella, también fueron detenidas su madre y un exmecánico, aunque estos últimos fueron liberados tras comprobarse que no participaron directamente en el ataque. La camioneta utilizada, propiedad de una empresa contratista de obra pública, había sido cedida al municipio de Quilmes y fue hallada en dependencias municipales, lo que abrió una línea de investigación sobre el uso indebido de recursos públicos.

El hecho ocurrió pocos días después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner y de declaraciones polémicas de Espert, lo que incrementó la tensión política. La jueza Arroyo Salgado rechazó el pedido de excarcelación de Abaigar y ordenó su traslado al penal de Ezeiza, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados. El abogado de la funcionaria, Daniel Llermanos, calificó la detención como "un disparate" y denunció una persecución política, mientras que sectores del kirchnerismo y sindicatos como ATE convocaron a movilizaciones por su liberación.

Desde el entorno de Espert se denunció un intento de intimidación política y se exigió el esclarecimiento total del caso. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repudió el ataque y destacó la importancia de sancionar el uso de recursos estatales para fines ilícitos. El municipio de Quilmes, gobernado por Mayra Mendoza, evitó hacer declaraciones públicas sobre el hallazgo de la camioneta en sus instalaciones.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, podría ampliarse a delitos de corrupción y malversación de fondos públicos, en un contexto de creciente polarización política tras la condena a la expresidenta. El desenlace judicial y político del caso es seguido de cerca por todos los sectores, ante la posibilidad de nuevas revelaciones e implicaciones para funcionarios y contratistas estatales.