El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este martes una ambiciosa reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense y con asesoría de fuerzas de seguridad de Estados Unidos e Israel.

Durante un acto en la sede de la Policía Montada en Palermo, Milei anunció que la PFA dejará de enfocarse en el patrullaje urbano para convertirse en una fuerza especializada en la investigación de delitos federales y complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. "Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI", afirmó el mandatario, quien también criticó a las gestiones anteriores por "proteger a los delincuentes y castigar a los policías".

El Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, redefine la estructura y funciones de la PFA, que ahora contará con dos grandes departamentos: el DFI, orientado a la investigación criminal, y el Departamento Federal de Coordinación. La reforma otorga nuevas facultades a la fuerza, como la posibilidad de realizar detenciones y requisas sin orden judicial bajo ciertas condiciones, y la habilitación del ciberpatrullaje en redes sociales y sitios web públicos.

Patricia Bullrich destacó que la medida busca que "ningún narcotraficante pueda caminar tranquilo o entrar por nuestras fronteras como si nada pasara" y subrayó la profesionalización de la fuerza, que priorizará el ingreso de personal con formación universitaria y la capacitación en técnicas investigativas avanzadas.

Sin embargo, la reforma generó críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, que advierten sobre el aumento de la discrecionalidad policial y los riesgos de detenciones arbitrarias y afectación de derechos fundamentales. Victoria Darraidou, del CELS, señaló que la nueva normativa "profundiza la discrecionalidad de la PFA para realizar detenciones y requisas sin autorización judicial" y alertó sobre el uso del ciberpatrullaje para controlar la protesta social y la libertad de expresión.

El gobierno sostiene que la reforma es necesaria para modernizar la PFA y enfrentar el crimen organizado con herramientas y tecnología de última generación. El proceso de transformación será paulatino y estará acompañado de inversiones en equipamiento y capacitación, con el objetivo de convertir a la PFA en una fuerza líder en la investigación criminal a nivel regional. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales seguirá siendo central en la implementación de estos cambios.