La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender temporalmente todas las demandas contra la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, una decisión que el Gobierno nacional celebró como un "hito histórico" en la defensa de los intereses del país. La medida, adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, implica que no podrán avanzar nuevas investigaciones ni ejecuciones judiciales hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por el Estado argentino.

El litigio, que se originó tras la expropiación de la petrolera YPF en 2012, había derivado en una condena de primera instancia en 2023 que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. Sin embargo, la reciente decisión judicial otorga un respiro clave al país, al menos hasta que los jueces del Segundo Circuito definan si corresponde el pago y la magnitud del resarcimiento reclamado por los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital.

En un comunicado oficial, el presidente Javier Milei destacó el "trabajo mancomunado" de los equipos legales y diplomáticos, y subrayó que la estrategia argentina se caracteriza ahora por el "rigor técnico y la responsabilidad institucional". "Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país", afirmó el mandatario.

La suspensión de las demandas también incluye el freno al proceso de "discovery" sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios argentinos, una de las exigencias de los demandantes. Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial rechazó las acusaciones de desacato y aseguró que el país está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes.

El fallo definitivo podría demorar entre seis y doce meses, según las estadísticas del tribunal. Mientras tanto, el Gobierno argentino se comprometió a desplegar todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos. El desenlace de este proceso será seguido de cerca tanto por el ámbito político como por los mercados internacionales, atentos al impacto que pueda tener en las finanzas públicas y en la imagen del país.