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2 de julio de 2025
Politica
La Plata

Casación confirmó la prisión perpetúa de Jaime Smart, exfuncionario de la dictadura

• La Cámara de Casación confirmó la prisión perpetua para Jaime Smart, exministro bonaerense durante la dictadura, por delitos de lesa humanidad en 1978. • El fallo ratifica su responsabilidad en el asesinato de Horacio Orué. #Justicia #DDHH

Casación confirmó la prisión perpetúa de Jaime Smart, exfuncionario de la dictadura

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua para Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. El fallo, emitido por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, ratifica la sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que también condenó al excabo policial Juan Humberto Keller.

Según se probó en el juicio, el 22 de abril de 1978, durante un operativo represivo en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, Horacio Wenceslao Orué, militante peronista, fue asesinado por un grupo armado vestido de civil. En el mismo operativo, la tía de Orué, Marcelina Juani, y sus primos menores, Marcelo y Ariel Juani, fueron secuestrados, trasladados a dependencias policiales y sometidos a amenazas, malos tratos y torturas.

Los jueces de Casación rechazaron los planteos de la defensa de Smart, argumentando que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y que la responsabilidad del exfuncionario quedó debidamente comprobada durante el proceso judicial. "Desde su cargo, Smart tuvo un rol esencial en la planificación, organización y sostenimiento del aparato represivo ilegal que posibilitó el crimen de Orué", señalaron en el fallo.

Jaime Smart, de 89 años, fue uno de los civiles más influyentes de la dictadura cívico-militar, ocupando el Ministerio de Gobierno bonaerense entre 1976 y 1979, con responsabilidad directa sobre el área de Seguridad. Hasta la fecha, ninguna de sus condenas a prisión perpetua había sido confirmada por la Corte Suprema.

El caso se inscribe en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina, y es considerado por organismos de derechos humanos como un paso importante en la lucha contra la impunidad y en favor de la memoria, la verdad y la justicia.