La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, la legislación recupera plena vigencia mientras continúa el trámite judicial sobre su constitucionalidad, una cuestión que podría llegar hasta la Corte Suprema.

La resolución representa un giro respecto del fallo dictado meses atrás por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había hecho lugar a un amparo ambiental impulsado por autoridades y dirigentes políticos de El Calafate. En aquella oportunidad, el juez federal Claudio Vázquez entendió que existía riesgo de que la aplicación de la norma habilitara actividades industriales o extractivas en áreas consideradas ambientalmente sensibles. Sin embargo, la Cámara consideró que la suspensión carecía de fundamentos suficientes y se basaba en riesgos hipotéticos, no en hechos concretos.

El tribunal remarcó que los demandantes no pueden atribuirse la representación de todos los habitantes de Santa Cruz para cuestionar la validez de una norma nacional. Además, subrayó que la decisión de primera instancia no explicó por qué la nueva ley resultaría incompatible con la Constitución o los principios ambientales invocados. "La sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad", afirmaron los jueces.

La Ley 27.804, sancionada en abril de 2026, es complementaria de la Ley 26.639 y restringe la protección del ambiente periglacial a glaciares y geoformas con función hídrica comprobada. La reforma otorga a las provincias mayor potestad para definir qué glaciares se protegen, un punto resistido por organizaciones ambientales y sectores opositores, que mantienen acciones judiciales en curso.

El fallo también destacó que la nueva legislación no habilita automáticamente actividades prohibidas ni elimina de manera inmediata las protecciones existentes. Recordó que amplias áreas de Santa Cruz ya cuentan con múltiples niveles de protección jurídica, como parques nacionales y reservas, donde las actividades económicas están prohibidas o severamente limitadas.

Mientras tanto, la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta. El Estado Nacional celebró la decisión y continuará defendiendo la norma, mientras que organizaciones ambientales mantienen sus críticas y acciones legales. El debate sobre la protección de los glaciares continúa ocupando un lugar central en la agenda ambiental de la Patagonia, con implicancias para el desarrollo productivo y la preservación de los ecosistemas.