La disputa internacional por la expropiación de YPF en 2012 alcanzó un nuevo punto crítico tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La magistrada ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte de la indemnización a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen, antiguo accionista de YPF.

El fallo, que supera los 16.000 millones de dólares, se fundamenta en la omisión de una oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria tras la toma de control estatal en 2012, aplicando una fórmula estatutaria que ha sido objeto de intensos debates técnicos y jurídicos. La decisión de Preska también abrió la puerta a que otros fondos de inversión, como Attestor y Trinity, con sentencias previas por deuda soberana en default, soliciten prioridad para ejecutar el embargo sobre las acciones de YPF, complicando aún más el escenario legal y financiero para el país.

El Gobierno argentino, a través de su vocero Manuel Adorni y el estudio Sullivan & Cromwell LLP, calificó la sentencia como “jurídicamente inaplicable” y advirtió que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso para enajenar acciones estatales. Además, el Ejecutivo sostiene que la medida desconoce la inmunidad soberana y prepara una apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. “El Gobierno argentino demostró que sus argumentos pueden tener éxito y resultaría muy damnificado si no se le concediera la instancia de apelación”, argumentaron en la presentación judicial.

El caso YPF se inscribe en una larga historia de litigios internacionales que enfrenta la Argentina, donde el control accionario de la petrolera representa el principal activo estatal en el exterior. La controversia también reavivó debates políticos internos sobre la gestión de los recursos estratégicos y la responsabilidad de las distintas administraciones en la acumulación de deuda y litigios. Mientras tanto, el Congreso discute posibles declaraciones de repudio al fallo y se multiplican las presiones de los acreedores para ejecutar la sentencia.

El desenlace de la apelación y la eventual negociación con los fondos demandantes marcarán el futuro inmediato de YPF y podrían tener consecuencias de largo alcance para la economía y la política argentina.