El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la contratación de la constructora Odebrecht para la ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008. El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, también sentenció al exsecretario de Energía, Daniel Cameron, y al exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, a penas similares, mientras que absolvió a dos exdirectivos de Cammesa.

La investigación determinó que los exfuncionarios favorecieron a Odebrecht mediante un marco normativo específico, lo que derivó en la adjudicación de obras clave en el sector energético. Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz sostuvieron que se trató de un caso de "gran corrupción", solicitando penas de hasta cuatro años para los principales acusados. Por su parte, las defensas argumentaron que las decisiones tomadas respondieron a la emergencia energética que atravesaba el país en ese momento.

Durante la audiencia, De Vido agradeció al tribunal por las facilidades otorgadas debido a sus problemas de salud y destacó el trabajo de sus abogados. Folgar, en tanto, cuestionó la extensión del proceso judicial y la dificultad para producir pruebas tras dos décadas de ocurridos los hechos. El tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo el próximo 4 de septiembre, momento a partir del cual las partes podrán apelar la sentencia.

Este caso es uno de los capítulos locales del megacaso Odebrecht, que admitió el pago de sobornos en varios países de la región. En Argentina, la empresa reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2015. Con esta condena, De Vido suma cuatro sentencias en su contra, aunque solo una de ellas, la correspondiente a la tragedia de Once, se encuentra firme y motivó su detención domiciliaria. El fallo de este martes refuerza el avance de la justicia sobre los casos de corrupción en la obra pública, aunque el debate sobre la demora judicial y la prescripción de causas sigue vigente.