Los gobernadores provinciales de Argentina han dado un paso decisivo en su disputa con el Gobierno nacional al presentar en el Senado dos proyectos de ley que buscan aumentar la distribución de fondos hacia las provincias. Las iniciativas, que cuentan con el respaldo de todos los bloques opositores y de aliados habituales del oficialismo, proponen la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que históricamente han sido administrados con alto grado de discrecionalidad por el Ejecutivo.

La presentación de los proyectos se produjo tras el fracaso de las negociaciones entre los mandatarios provinciales y el Gobierno de Javier Milei, cuyo Ministerio de Economía cerró el diálogo al considerar que las demandas provinciales ponían en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, los textos legislativos insisten en que los recursos en cuestión tienen asignación específica y que su redistribución no afectará las finanzas públicas nacionales.

Según los proyectos, el 57,02% de los fondos recaudados se destinaría a las provincias, el 14,29% al Tesoro Nacional y el 28,69% al sistema previsional. Además, se propone eliminar fideicomisos y fondos especiales, y establecer un reparto de los ATN en el que el 25% se distribuiría en partes iguales entre las provincias y el 75% restante según los índices de coparticipación.

Legisladores provinciales argumentan que la transferencia directa y automática de estos recursos permitirá fortalecer áreas clave como la salud, la educación y la infraestructura. "La decisión política de los gobernadores va en línea con nuestra prioridad como representantes de las provincias en el Senado, que es lograr el mayor ejercicio de federalismo", señalaron senadores de Convicción Federal.

El fondo ATN, que en 2025 sumó $451.000 millones, solo ha ejecutado el 20% en lo que va del año, lo que ha generado reclamos de mayor equidad y transparencia. La oposición considera que la jugada representa un golpe político para la Casa Rosada y una respuesta a la falta de diálogo con el Ejecutivo. El debate continuará en comisiones y podría derivar en una sesión especial la próxima semana, en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno nacional para atender las demandas de las provincias.