La investigación sobre el fentanilo contaminado en Argentina ha alcanzado un momento decisivo, con 96 muertes confirmadas y la incautación de más de 100,000 ampollas adulteradas. El caso, que involucra al laboratorio HLB Pharma y su propietario Ariel García Furfaro, es considerado la peor intoxicación medicamentosa en la historia reciente del país.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, espera los resultados de dos peritajes clave: uno del Instituto Malbrán, que analizará los registros de producción y la cadena de fabricación, y otro del Cuerpo Médico Forense, que revisará las historias clínicas de los pacientes fallecidos. Estos informes serán determinantes para establecer las causas exactas de las muertes y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Las investigaciones han revelado graves deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación en el laboratorio Ramallo, fabricante exclusivo de HLB Pharma. Entre las irregularidades detectadas figuran omisiones en los registros, falta de limpieza entre lotes, ausencia de controles de calidad y esterilidad, y deficiencias en la documentación de procesos críticos. El informe preliminar de la ANMAT señala que estas fallas pudieron facilitar la contaminación microbiana de los lotes 31202 y 31244, vinculados a la mayoría de los fallecimientos.

El Gobierno nacional y la ANMAT han ordenado la prohibición total del uso de fentanilo de HLB Pharma en todos los efectores de salud, públicos y privados. La trazabilidad del medicamento ha resultado ser un problema estructural, ya que el fentanilo no está incluido en el sistema nacional de trazabilidad, lo que dificultó el rastreo y retiro de las ampollas contaminadas.

En Córdoba y Chubut se identificaron nuevas dosis en instituciones privadas, que fueron retiradas y puestas a disposición de la justicia. El [Ministerio de Salud de Córdoba](/entities/entity_1744829198406_193) anunció su decisión de presentarse como querellante en la causa federal.

El caso ha generado fuertes reacciones políticas y sociales. Familiares de víctimas, diputados y autoridades sanitarias exigen explicaciones y responsabilidades. El presidente Javier Milei presionó públicamente para la detención del dueño del laboratorio, lo que provocó una respuesta del juez Kreplak en defensa de la independencia judicial. Por su parte, Ariel García Furfaro sostiene que puede ser víctima de una persecución y plantea hipótesis de negligencia o sabotaje.

La crisis ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la trazabilidad de medicamentos en Argentina, así como de revisar los procedimientos de autorización y fiscalización de laboratorios. El desenlace de la investigación judicial y los peritajes en curso serán clave para determinar las responsabilidades y evitar futuras tragedias.