La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de documentos judiciales que confirman su condena y detención en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Según registros oficiales y testimonios, Villaverde fue arrestada el 29 de julio de 2002 en el aeropuerto de Sarasota, Florida, cuando intentaba ingresar al país con 15 kilos de cocaína y 50.000 dólares no declarados. Junto a ella fueron detenidos dos cómplices, y tras varios meses en prisión, fue liberada tras apelar la sentencia, aunque la causa permanece abierta y tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

La información fue corroborada por investigaciones periodísticas y documentos de expedientes de divorcio en Argentina, donde la propia Villaverde reconoció en 2012 la existencia de la causa penal en su contra en Estados Unidos. Su exmarido, Carlos Bauzas, aportó pruebas sobre manejos financieros irregulares y la imposibilidad de Villaverde de regresar a territorio estadounidense. Además, la diputada enfrenta denuncias por estafas piramidales, venta fraudulenta de terrenos y préstamos bancarios irregulares, lo que ha derivado en embargos y procesos judiciales en su contra en los últimos años.

En respuesta a las acusaciones, Villaverde publicó un video en redes sociales sometiéndose a una rinoscopía y un test de drogas, con resultados negativos, y exhibió certificados de antecedentes penales limpios en Argentina. Sin embargo, no presentó documentación sobre sus antecedentes en el extranjero. La diputada denunció ser víctima de una campaña de persecución política y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.

El caso ha generado fuertes repercusiones políticas. Sectores del PRO y otros partidos han exigido su apartamiento de la lista de LLA, mientras que la oposición reclama mayor transparencia en la selección de candidatos. El escándalo se suma a otros episodios recientes que involucran presuntos vínculos entre la política y el narcotráfico en Argentina, alimentando el debate sobre la integridad de los representantes públicos y la necesidad de controles más estrictos sobre sus antecedentes. A medida que se acercan las elecciones legislativas, el futuro político de Villaverde y el impacto de este caso en la campaña permanecen inciertos.