La reforma laboral argentina avanza en el Congreso tras obtener media sanción en el Senado y comenzar su debate en la Cámara de Diputados. El proyecto, impulsado por el Gobierno, introduce cambios sustanciales en el régimen de vacaciones, indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar un banco de horas, con el objetivo declarado de modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad.

Entre los puntos centrales, la reforma permite que empleadores y empleados acuerden la fecha de inicio de las vacaciones fuera del período tradicional, siempre que exista notificación previa. Además, habilita el fraccionamiento de las vacaciones y garantiza que cada trabajador disfrute de su licencia en verano al menos una vez cada tres años. En cuanto a las indemnizaciones, el cálculo se realizará únicamente sobre la mejor remuneración mensual, excluyendo conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios, y se establece un tope máximo y mínimo para los montos a percibir. El pago podrá realizarse en cuotas, especialmente para pequeñas y medianas empresas, y se contempla la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para afrontar estas obligaciones.

El proyecto también introduce la figura del banco de horas, permitiendo la compensación de jornadas laborales extensas con otras más breves, siempre bajo acuerdo escrito y respetando los límites legales. Sin embargo, la reforma ha generado fuertes críticas de sindicatos y expertos en derecho laboral, quienes advierten que podría aumentar la judicialización y debilitar derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales. "La reforma parte de que empleador y trabajador negocian en igualdad de condiciones, cuando en realidad existe una relación de poder", señaló el abogado Sergio Rodríguez. Otros especialistas alertan sobre el riesgo de encubrir relaciones de dependencia y la posible licuación de indemnizaciones en un contexto inflacionario.

Desde el oficialismo, se sostiene que la reforma es necesaria para incentivar la contratación formal y mejorar la competitividad, en un país donde la informalidad laboral ronda el 40%. No obstante, la experiencia internacional muestra que flexibilizar el mercado laboral no garantiza por sí sola la creación de empleo. La CGT y otros sectores sindicales anticipan resistencia y protestas si la ley se implementa, mientras que el debate se traslada del ámbito parlamentario al judicial y sindical, con un futuro incierto sobre el impacto real de la reforma en la vida de los trabajadores argentinos.