El Gobierno argentino, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), anunció la cancelación definitiva de las convocatorias a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) correspondientes a los años 2022 y 2023. Esta decisión, que afecta a más de 1.500 proyectos ya evaluados y adjudicados, implica el fin del financiamiento público para la investigación básica en Argentina, según denuncian investigadores y referentes del sector.

La nueva política de la Agencia establece que solo se financiarán proyectos aplicados en asociación con empresas privadas, focalizados en áreas como agroindustria, energía, minería y salud. El monto máximo por proyecto será de 200.000 dólares, y se priorizarán iniciativas con resultados transferibles al sector productivo. Esta reorientación, presentada oficialmente como una optimización de recursos, ha sido interpretada por la comunidad científica como un recorte encubierto y un golpe directo a la autonomía y diversidad del conocimiento.

La reacción de investigadores, becarios y autoridades de institutos de ciencia y tecnología fue de repudio unánime. "El jueves 4 de diciembre quedará tristemente en la historia como una fecha clave para el desmantelamiento del sistema científico de la Argentina", expresó la Red de Autoridades de Institutos de Investigación en un comunicado. Referentes como Alberto Kornblihtt y Fernando Peirano advirtieron que la medida "rompe contratos vigentes, desconoce reglas internacionales y deja al país sin el instrumento que durante décadas sostuvo su capacidad de producir conocimiento propio".

El impacto inmediato se traduce en la reducción de becas y subsidios, la paralización de laboratorios y la pérdida de oportunidades para jóvenes investigadores. Eva Acosta Rodríguez, bioquímica distinguida internacionalmente, señaló que "la desaparición de los PICT pone en riesgo todo lo que es investigación básica" y que "muchos becarios están pensando en no terminar sus doctorados". Además, se advierte sobre el éxodo de científicos al exterior y la caída del posicionamiento internacional de las universidades argentinas.

El sistema PICT, creado en los años 90, fue durante décadas la columna vertebral del desarrollo científico nacional, permitiendo la financiación de proyectos en diversas disciplinas y garantizando transparencia y equidad en la asignación de recursos. Su eliminación coloca a Argentina como el único país de América sin financiamiento público para ciencia básica, lo que, según los especialistas, compromete el futuro tecnológico y educativo del país.

En respuesta, la comunidad científica convocó a jornadas de protesta y movilización, exigiendo la recomposición salarial y el restablecimiento de políticas de financiamiento que permitan sostener la investigación y la formación de nuevas generaciones. El debate sobre el rol del Estado en la promoción de la ciencia y la tecnología se instala en el centro de la agenda pública, mientras crece la preocupación por las consecuencias sociales y económicas de la medida.