El Gobierno nacional confirmó que el próximo 30 de junio finalizará la rebaja temporal de los Derechos de Exportación (DEX) para la soja y el maíz, lo que implica que la alícuota de la soja regresará al 33%. Esta decisión, que excluye a los cultivos de trigo y cebada que mantendrán beneficios hasta marzo de 2026, generó un fuerte rechazo en el sector agropecuario, que considera la medida "injusta" y "perjudicial" para la producción y las economías regionales.

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con sede en Córdoba, calificó la decisión como "un gesto de ruptura hacia el sector agropecuario" y advirtió que "amenaza muy seriamente la sustentabilidad del negocio". En la provincia de Santa Fe, la Sociedad Rural Argentina estimó que el aumento de retenciones implicará más de US$361 millones adicionales, superando los US$1.790 millones anuales en concepto de DEX. "Es un impuesto adicional y discriminatorio que afecta solo al sector agroexportador, un sector que ya paga todos los demás impuestos que paga cualquier otra actividad", denunció Soledad Diez de Tejada, directora del Distrito 6 de la SRA.

El presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Hugo Meloni, reclamó la eliminación total de las retenciones y advirtió que "genera quebranto y la desaparición de muchos productores del sector", especialmente en regiones alejadas de los puertos, donde los costos logísticos son más altos. "Uno de cada cuatro camiones que uno envía al puerto queda en manos del Gobierno", graficó Meloni.

El Gobierno, por su parte, argumenta que la medida responde a necesidades fiscales y que la rebaja temporal cumplió su objetivo de acelerar el ingreso de divisas en el primer semestre del año. Sin embargo, analistas y productores anticipan una desaceleración de ventas en julio y advierten sobre el impacto negativo en la inversión, el empleo y la actividad económica de los pueblos del interior.

Entidades rurales de distintas regiones, como Chafor (Chaco y Formosa) y la Sociedad Rural de San Justo (Buenos Aires), emitieron comunicados de rechazo y pidieron al Gobierno que revise la política de retenciones. "El campo no es el problema, es parte de la solución. La solución no es contra el campo, es con el campo", concluyó la Sociedad Rural de San Justo.

El debate sobre las retenciones se da en un contexto de precios internacionales a la baja, altos costos internos y presión impositiva múltiple, mientras el Gobierno busca mantener la estabilidad cambiaria de cara a las elecciones de octubre. El desenlace de esta medida será clave para la próxima campaña agrícola y la economía regional.