El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de cuatro de las principales centrales hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, aprobó la incorporación de la Circular Modificatoria N° 4 al pliego de bases y condiciones del concurso público nacional e internacional para la venta total del paquete accionario de las sociedades que administran estos complejos.

La medida, impulsada por el Ministerio de Economía en el marco de la política de reformas estructurales del presidente Javier Milei, establece que la venta se realizará sin base mínima de precio y que los nuevos adjudicatarios asumirán la explotación de las centrales por un período de 30 años, con posibilidad de prórroga. Los operadores deberán pagar un canon anual al Estado y cumplir con compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.

El proceso de privatización comenzó en 2024, cuando la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a crear sociedades anónimas para administrar las centrales tras el vencimiento de las concesiones privadas. En agosto de ese año, se formalizó la concesión a las nuevas sociedades, y en abril de 2025 se autorizó la privatización total de ENARSA. El decreto 590/2025 transfirió las acciones a la Secretaría de Energía y habilitó la venta mediante concurso público.

Las represas, ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén, aportan entre el 20% y el 25% de la generación hidroeléctrica nacional y cumplen funciones clave en el abastecimiento de agua, agricultura y turismo regional. Fueron construidas en las décadas del 70 y 80, privatizadas en los 90 y revertidas al Estado tras el vencimiento de las concesiones entre 2023 y 2024.

El proceso generó críticas de gobiernos provinciales y sindicatos, que reclamaron mayor participación y alertaron sobre la pérdida de soberanía energética. El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida permitirá modernizar la infraestructura y optimizar la eficiencia del sistema. Empresas privadas y holdings energéticos han mostrado interés en participar en el concurso, que se espera culmine antes de fin de año, con las nuevas concesiones vigentes en el primer trimestre de 2026.

La legislación utilizada para la privatización es la Ley 23.696, la misma que habilitó las privatizaciones masivas durante la presidencia de Carlos Menem. El debate sobre el futuro de las represas del Comahue continúa, con implicancias económicas, sociales y ambientales para el país.