Confirman condena a prisión para un industrial
• La Corte Suprema dejó firme la condena a 4 años de prisión para Juan Carlos Lascurain, ex titular de la UIA, por desvío de fondos en Río Turbio. • Deberá presentarse en 5 días para cumplir la pena. #Justicia #Corrupción



La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión para Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y para el exasesor Juan Marcelo Vargas, por el desvío de fondos públicos destinados a una obra vial en Río Turbio, Santa Cruz. El fallo, emitido el 12 de junio de 2026, ordena que ambos condenados se presenten en un plazo de cinco días hábiles ante el Tribunal Oral Federal 7 para comenzar a cumplir sus penas.
La investigación judicial determinó que entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) entregó a la empresa FAINSER S.A., propiedad de Lascurain, tres cheques por un total de 50 millones de pesos como adelanto para la "Readecuación de la Avenida YCF". Sin embargo, la Justicia concluyó que no existía causa válida para ese desembolso y que la obra nunca se realizó. La empresa estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner.
Durante el juicio oral celebrado en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 consideró probado que Lascurain, Vargas, el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y otros funcionarios participaron en la sustracción de fondos públicos. Pérez Osuna ya cumple condena firme desde 2021. La fiscal Fabiana León solicitó la detención inmediata de los condenados y la restitución de los fondos desviados, más intereses.
La Corte Suprema también dejó firme la absolución de Miguel Ángel Larregina, excoordinador de YCRT, desestimando los recursos presentados por la fiscalía. La defensa de Lascurain podría solicitar prisión domiciliaria debido a su edad avanzada.
Este caso representa el primer juicio oral por irregularidades en YCRT y sienta un precedente para otros procesos pendientes, como el que involucra al exministro Julio De Vido por el presunto desvío de 264 millones de pesos. La decisión del máximo tribunal es vista como un paso importante en la lucha contra la corrupción en la obra pública argentina.
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