El juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos continúa siendo uno de los mayores desafíos internacionales para Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ha exigido que el gobierno argentino revele la ubicación exacta de sus reservas de oro, en el marco de un proceso de discovery que busca identificar activos embargables para ejecutar la sentencia de más de USD 16.100 millones, dictada en primera instancia por la expropiación de la petrolera en 2012.

Burford Capital, principal beneficiario de la sentencia, ha intensificado sus esfuerzos para cobrar la deuda, solicitando información sobre activos nacionales, incluyendo el oro del Banco Central. "El discovery es un brazo muy amplio que busca tratar de embargar bienes, son maneras de presionar", señalaron fuentes oficiales, aunque recalcaron que no hay posibilidades de que se concrete un embargo sobre el oro soberano.

El Banco Central confirmó que parte de las reservas de oro permanece en bóvedas nacionales y otra parte en Londres, con un valor estimado de USD 4.900 millones. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el uso final de estos activos, en medio de rumores sobre su posible utilización como garantía en operaciones financieras recientes y su exposición en litigios soberanos.

La jueza Preska ordenó que funcionarios argentinos con conocimiento directo de siete temas específicos, incluyendo la ubicación y uso potencial de las reservas de oro, declaren ante el tribunal a partir del 18 de noviembre. El gobierno argentino, por su parte, ha cooperado parcialmente con el proceso, pero rechaza entregar detalles sensibles, argumentando que la ley argentina protege esa información. "Estamos colaborando con el discovery, pero está apelado porque va sobre las leyes argentinas. Es un despropósito, pero estamos cooperando", afirmó una fuente del gobierno de Javier Milei.

La divulgación de información a acreedores extranjeros que no se comparta simultáneamente con el Congreso podría generar fricciones políticas internas, especialmente en un contexto de reciente impulso político para el presidente Milei y acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Los legisladores argentinos han presionado repetidamente para que se aclare la ubicación y uso de los activos, mientras que expertos advierten sobre el riesgo de desacato si el país no cumple con las órdenes judiciales estadounidenses.

En paralelo, la defensa argentina se apoya en el argumento de "foro no conveniente", sosteniendo que los hechos y la ley aplicable son argentinos y deberían ser juzgados en el país. Aunque el panel de jueces en Estados Unidos tiene antecedentes desfavorables para Argentina, la discusión sobre la jurisdicción ha generado cierto optimismo entre los defensores del país. La resolución final de la Cámara de Apelaciones se espera para el primer trimestre del próximo año, mientras el caso sigue generando tensiones políticas y económicas.