El Gobierno nacional avanzó en la licitación de más de 1.900 kilómetros de rutas estratégicas, incluyendo la autopista Ricchieri, bajo un esquema de inversión privada. En este proceso, la empresa estatal bonaerense Aubasa fue excluida por supuestos incumplimientos técnicos y financieros, lo que generó una fuerte controversia entre la administración nacional y la provincia de Buenos Aires.

Según la Secretaría de Transporte, Aubasa no acreditó experiencia en la ejecución directa de obras viales y superó el límite de endeudamiento permitido, presentando una relación de 3,75 frente al máximo de 1,50 exigido. Además, se señaló que la empresa no presentó la documentación financiera requerida. "La documentación presentada por Aubasa únicamente respaldó tareas de operación, pero no incluyó pruebas de ejecución material de obras viales con recursos y personal propio", detalló el comunicado oficial.

Por su parte, la administración bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, denunció que la exclusión es arbitraria y responde a motivos políticos. José Arteaga, titular de Aubasa, afirmó que "la empresa cumple con todos y cada uno de los requisitos formales, técnicos y económico-financieros exigidos por la documentación licitatoria" y presentó una impugnación formal, respaldada por una garantía de $350 millones. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó la medida como "ridícula" y sostuvo que Aubasa es la "empresa mejor capacitada para llevar adelante el mantenimiento, la operación y cobro de peajes en las rutas nacionales bonaerenses".

El proceso licitatorio, que abarca los tramos Sur Atlántico-Acceso Sur y Pampa, admitió seis ofertas privadas, entre ellas la de CPC, vinculada a Cristóbal López, y rechazó otras cuatro, incluida Aubasa. El Gobierno nacional sostiene que los criterios aplicados fueron uniformes para todos los oferentes y que el proceso es supervisado por organismos independientes para garantizar transparencia y seguridad jurídica.

La controversia se da en un contexto de tensión política entre el gobierno nacional y el bonaerense, y la impugnación presentada por Aubasa podría dilatar la adjudicación de las concesiones. El sector observa con atención la habilitación de empresas privadas y el avance de la licitación, que busca modernizar la red vial sin recurrir a subsidios estatales y trasladar el riesgo económico a los concesionarios privados.