El Gobierno nacional, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, implementó una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA). La medida, oficializada mediante el decreto 383/2025, redefine el perfil de la fuerza, orientándola hacia la prevención e investigación de delitos complejos y la protección de la "seguridad del Estado".

Entre los principales cambios se destaca la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una estructura inspirada en el FBI estadounidense, que contará con amplias facultades para el ciberpatrullaje, la realización de requisas y detenciones preventivas, y la intervención en diversas jurisdicciones. El decreto también otorga a la PFA la posibilidad de actuar sin orden judicial en determinadas circunstancias, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

La reforma fue implementada por decreto, sin pasar por el Congreso, amparándose en las facultades delegadas por la Ley Bases. Esta decisión ha sido cuestionada por especialistas y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierten sobre la constitucionalidad de la medida y el riesgo de retrocesos en materia de derechos y garantías individuales.

El anuncio de la reforma coincidió con la ratificación judicial de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que alimentó suspicacias sobre el contexto político en el que se produce el cambio. Analistas señalan que la ampliación de facultades policiales y la falta de controles efectivos podrían facilitar la criminalización de la protesta social y el espionaje a opositores, periodistas y organizaciones sociales.

Desde el Gobierno, la ministra Bullrich defendió la reforma como una modernización necesaria para enfrentar la criminalidad compleja y garantizar la seguridad. Sin embargo, críticos sostienen que la medida representa un cambio de paradigma respecto a la doctrina de seguridad vigente desde 1983, que priorizaba la protección de la ciudadanía sobre la del Estado.

El debate sobre la reforma de la PFA se inscribe en un contexto de creciente conflictividad social y protestas, con antecedentes recientes de represión y denuncias de abuso policial. La discusión pública continúa centrada en el equilibrio entre seguridad y derechos, y en la legitimidad de legislar por decreto en temas sensibles para la democracia argentina.