Nicolás Payarola, abogado conocido por su representación de figuras mediáticas como Wanda Nara, enfrenta un complejo escenario judicial tras ser procesado por el delito de administración infiel y defraudación en perjuicio del futbolista Gonzalo Montiel. El juez Santiago Carlos Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó un embargo sobre los bienes de Payarola por hasta 810 millones de pesos, en respuesta a una investigación que detectó un perjuicio económico cercano a los 700 mil dólares.

La causa detalla que, entre marzo y octubre de 2023, Payarola gestionó fondos de la familia Montiel bajo la promesa de inversiones inmobiliarias y financieras que nunca se concretaron. El expediente judicial revela extracciones bancarias, transferencias y entregas de efectivo que, según la justicia, carecieron de justificación comprobable. Parte de los fondos provenían de premios obtenidos por Montiel en el Mundial de Qatar 2022, que también habrían sido desviados bajo argumentos poco claros.

En paralelo, dos abogadas, Macarena Posse y Marcela De Leonardis, iniciaron una demanda contra Payarola y Wanda Nara por el pago de 600 mil dólares en concepto de honorarios profesionales. Las letradas aseguran que firmaron un acuerdo de representación con Nara, que estipulaba una compensación en caso de desvinculación sin causa, pero nunca recibieron el pago ni una copia del contrato. "El convenio fue aceptado por Wanda y firmado por ella", declaró Posse, aunque sostiene que la documentación quedó en manos de Payarola.

El entorno de Wanda Nara ha optado por el silencio, mientras la empresaria enfrenta otros procesos legales relacionados con su situación patrimonial y familiar. Las abogadas afirman haber sido estafadas y reclaman la intervención de la justicia para obtener la compensación acordada. Por su parte, la familia Montiel continúa exigiendo la restitución de los fondos presuntamente desviados por Payarola.

El caso, que involucra a figuras del espectáculo y el deporte, pone en foco la vulnerabilidad de los contratos y la confianza depositada en asesores legales. La investigación judicial sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas en el marco de las causas civiles y penales en trámite.