Graves incidentes se registraron este viernes en la ciudad de La Plata, cuando una protesta de cooperativistas y organizaciones sociales frente al Palacio Municipal derivó en destrozos, un incendio y enfrentamientos con la policía. El conflicto se originó por la decisión del Municipio, encabezado por el intendente Julio Alak, de reemplazar el sistema de contratación directa con cooperativas por un esquema de licitación pública para los servicios de mantenimiento urbano.

Según informaron fuentes oficiales, la manifestación coincidió con el cierre del plazo para la adquisición de pliegos de la licitación destinada a adjudicar tareas de corte de césped, barrido y limpieza de zanjas. Durante la protesta, un grupo de manifestantes rompió puertas, vidrios y vitrales del edificio comunal y provocó un foco de incendio en el acceso principal, que fue rápidamente controlado por los bomberos.

El Municipio responsabilizó al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por los hechos y presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado contra la autoridad. "Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa", denunció la administración local. Se reportaron entre 19 y 22 detenidos y al menos siete heridos, incluyendo seis policías bonaerenses y un vecino que participaba de un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones.

Por su parte, el MTE negó haber iniciado la violencia y acusó al Municipio de cerrar el diálogo y de montar una campaña de persecución política. "Frente a la quita de nuestro sustento, fuimos a reclamar pacíficamente. La tensión en la calle fue generada directa y exclusivamente por el Municipio", expresó la organización en un comunicado. Además, denunciaron que la alternativa ofrecida por el Municipio era reemplazar trabajo genuino por planes sociales.

El cambio en el sistema de contratación responde, según el Municipio, a una exigencia del Tribunal de Cuentas bonaerense y a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. El conflicto dejó daños materiales valuados en más de 43 millones de pesos y abrió un fuerte debate político y social en la ciudad. Concejales opositores exigieron identificar a los responsables y aplicar la ley, mientras las organizaciones sociales reclaman la liberación de los detenidos y la continuidad de los puestos de trabajo. El episodio profundiza la tensión entre el gobierno local y los movimientos sociales, en un contexto de discusión sobre la transparencia y el futuro laboral de cientos de trabajadores.