El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha dispuesto una reestructuración significativa en dos instituciones clave para la memoria histórica del país: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA. Según el decreto 344/2025, ambos organismos, que hasta ahora funcionaban de manera descentralizada bajo la Secretaría de Derechos Humanos, pasarán a formar parte del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo centralizar funciones y optimizar recursos en un contexto de emergencia pública declarada por la Ley 27.742. El CIPDH, creado en 2010 en colaboración con la UNESCO, asumirá las funciones de estas instituciones, incluyendo la digitalización, archivo y difusión de documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Además, se garantiza la continuidad de las actividades y la preservación de los fondos documentales.

El decreto también establece que la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, previamente bajo el Archivo Nacional de la Memoria, dependerá directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta reorganización implica la transferencia de personal, bienes y créditos presupuestarios al CIPDH, mientras que el Ministerio de Justicia será responsable de implementar los cambios administrativos necesarios.

El gobierno justificó la medida como parte de un esfuerzo por reducir la superposición de estructuras y mejorar la eficiencia en la gestión pública. Según un informe técnico, el sector público nacional cuenta con una estructura compleja y costosa, con 111 organismos descentralizados y desconcentrados. La reestructuración busca abordar este sobredimensionamiento.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas de sectores que consideran que podría debilitar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible pérdida de autonomía y desfinanciación de estas instituciones, fundamentales para la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

En este contexto, el gobierno ha asegurado que la medida no afectará los convenios previos entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el CIPDH presentará una propuesta de adecuación de su estructura organizativa al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la reestructuración ya está en marcha, marcando un cambio significativo en la gestión de la memoria histórica en Argentina.