Una ola de amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata y la región ha encendido las alarmas en la comunidad educativa y las autoridades provinciales. En la última semana, se registraron al menos 50 denuncias de amenazas, la mayoría de ellas realizadas por menores de edad a través de redes sociales, mensajes anónimos y escritos en baños o aulas. El caso más grave ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de Luján, donde un alumno asistió armado con un aire comprimido, lo que llevó a la suspensión de clases y a la convocatoria urgente de padres y autoridades.

La Justicia de Menores intervino rápidamente, ordenando allanamientos en viviendas de estudiantes sospechados de difundir mensajes intimidatorios. Durante los procedimientos, se incautaron armas de aire comprimido, balines y dispositivos electrónicos utilizados para emitir las amenazas. La fiscalía UFI Nº 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, centraliza ahora todas las denuncias para agilizar la investigación y analizar posibles vínculos entre los casos.

Las amenazas han generado evacuaciones preventivas, refuerzo de la seguridad policial y un clima de incertidumbre en las escuelas. El gremio docente SUTEBA exigió al gobierno provincial una intervención más activa y la creación de una comisión interministerial para abordar el problema de manera integral. "La escuela sola no puede ni debe", señalaron en un comunicado, reclamando la intervención inmediata del Estado para investigar delitos cibernéticos y brindar asistencia a las familias.

El fenómeno se produce en un contexto de creciente preocupación tras el ataque ocurrido en Santa Fe, donde un estudiante mató a un compañero e hirió a otros ocho. Las autoridades investigan si la ola de amenazas responde a un reto viral en redes sociales o a conductas imitativas entre adolescentes. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y Educación coordina acciones para prevenir nuevos episodios y reforzar la comunicación con los directivos escolares.

Aunque hasta el momento no se concretó ningún ataque en La Plata, el impacto de las amenazas es profundo: altera la rutina escolar, genera miedo y obliga a desplegar recursos de seguridad de manera constante. El desafío de las autoridades será frenar la escalada, identificar a los responsables y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.