El inicio de clases en Argentina quedó marcado este lunes 2 de marzo por un paro docente nacional que afecta a al menos 15 provincias, incluida Buenos Aires. La medida, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y respaldada por sindicatos como SADOP y SUTEBA, responde a la falta de acuerdo salarial y al rechazo a la reforma laboral y educativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La decisión de realizar el paro fue ratificada en los congresos ordinario y extraordinario de CTERA, celebrados la semana pasada, y se traduce en la interrupción del ciclo lectivo en gran parte del país. Los gremios reclaman la convocatoria a paritarias nacionales, el pago de una deuda salarial acumulada y la defensa de los derechos laborales y educativos. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, advirtió: “Estamos en un inicio del año muy pero muy complejo”, y detalló que “un docente con dos cargos está perdiendo más de 300 mil pesos por mes, más la deuda acumulada, estamos hablando de casi cinco millones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei”.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) ratificó su adhesión al paro y subrayó que el derecho a huelga “es un derecho superior, no una licencia laboral”. Por su parte, SADOP expresó su rechazo a la reforma laboral y educativa, calificándola como “un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales”.

En la provincia de Buenos Aires, la concejal Francina Sierra (Fuerza Patria) vinculó el conflicto docente a la deuda millonaria que el gobierno nacional mantiene con la provincia, estimada en 16 billones de pesos. Sierra señaló que la restricción de recursos afecta la capacidad de respuesta a los trabajadores y la continuidad de servicios esenciales como salud, obra pública y educación.

La jornada de paro incluye movilizaciones, carpas y una marcha prevista en el centro de Buenos Aires, con concentración en el Cabildo y posterior desplazamiento al Congreso. El conflicto docente se enmarca en una situación económica compleja, con demandas sociales crecientes y un clima de tensión entre los gremios y el gobierno nacional. Las perspectivas de resolución dependen de la apertura al diálogo y la capacidad de negociación entre las partes, en un contexto de restricciones presupuestarias y reclamos por mayor inversión educativa.