El homicidio de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una ciudadana brasileña de 69 años, ocurrido en el barrio de Abasto, Buenos Aires, ha puesto en el centro del debate la problemática de la salud mental y la seguridad pública. El pasado jueves, la víctima fue atacada sin mediar palabra por un hombre de 30 años, identificado como F.N.A., quien se encontraba en situación de calle y acumulaba 20 antecedentes penales, además de múltiples internaciones psiquiátricas.

El hecho se produjo en la avenida Corrientes al 3200, una zona comercial con alta circulación de personas y presencia de individuos en situación de vulnerabilidad. Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia por el SAME a un hospital porteño, donde falleció esa misma noche debido a un traumatismo encéfalo craneano. El agresor fue detenido horas después en el cruce de Córdoba y Junín por efectivos de la Policía de la Ciudad.

La investigación judicial determinó, a través de un informe pericial, que el imputado "no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho". Por este motivo, la jueza suspendió los plazos procesales y ordenó la internación involuntaria de F.N.A. en el Hospital Borda, bajo consigna fija. La Asesoría Tutelar apeló la decisión y solicitó el sobreseimiento del imputado, mientras que la instrucción penal quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, que brinda contención a la familia de la víctima.

El caso ha expuesto las limitaciones de la Ley de Salud Mental, que restringe las internaciones involuntarias y promueve la desinstitucionalización de pacientes psiquiátricos. Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por el aumento de personas con problemas mentales en la vía pública y la dificultad de las fuerzas de seguridad para controlar la situación. "La policía hace lo que puede, pero muchos vuelven a la calle rápidamente", señaló una empleada local.

La familia de la víctima, residente en Brasil, inició una campaña para repatriar el cuerpo y pidió celeridad en los trámites judiciales. El Sindicato de Judiciales de Goiás expresó su pesar y se sumó a los pedidos de justicia. El caso de F.N.A. se suma a otros episodios recientes en los que agresores con antecedentes psiquiátricos fueron declarados inimputables y reincidieron en hechos violentos, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de la legislación vigente y la protección de la comunidad.

La resolución final del caso dependerá de la decisión de la alzada judicial, mientras la sociedad reclama respuestas ante una problemática que combina salud, seguridad y política pública.