El sistema de salud argentino enfrenta una crisis tras la revelación de robos y consumo de fármacos hospitalarios como propofol y fentanilo por parte de médicos y enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación judicial, que se intensificó tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y del enfermero Eduardo Bentancourt, ha puesto en evidencia graves fallas en el control y la trazabilidad de medicamentos de uso exclusivo hospitalario.

Chantal Leclercq, residente de anestesiología en el Hospital Rivadavia, admitió ante autoridades haber sustraído y consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, tanto en encuentros recreativos como en fiestas privadas. Su testimonio, junto con el de otros implicados, ha sido clave para la causa, aunque hasta el momento no ha sido formalmente imputada. Los principales investigados son Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos vinculados al robo de fármacos en el Hospital Italiano y a la organización de supuestas "propofest", fiestas donde se consumían estos medicamentos en “viajes controlados”.

El caso de Bentancourt, hallado muerto en su departamento con decenas de frascos de anestésicos, ha reavivado el debate sobre el acceso y uso indebido de estos fármacos. La autopsia determinó que falleció por una cardiopatía, pero las pericias toxicológicas aún buscan esclarecer si el consumo de anestésicos fue determinante. La Justicia, por ahora, no ha encontrado pruebas directas que vinculen a los principales imputados con las muertes investigadas.

Expertos y referentes del sector advierten que el consumo de anestésicos y otros medicamentos hospitalarios fuera del ámbito clínico es un fenómeno en aumento, impulsado por el estrés, el burnout y la falta de apoyo en salud mental entre el personal sanitario. Sindicatos y asociaciones médicas reclaman la implementación de protocolos más estrictos de control y trazabilidad, así como programas de contención y tratamiento para los profesionales afectados.

El Ministerio de Salud y la ANMAT han avanzado en la regulación de la trazabilidad de estos fármacos, pero persisten vacíos que permiten el desvío y uso indebido. El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de políticas integrales que aborden tanto la seguridad de los pacientes como el bienestar del personal de salud, en un contexto de creciente presión y desgaste laboral.